Esta ponencia es un breve ensayo sobre el primer movimiento cultural-político galleguista que surge en la década de los años cuarenta del siglo XIX. Impulsor de este movimiento, el joven Antolín Faraldo, que nace en 1822, estudiante de Filosofía y bachiller en Medicina se consolidará muy pronto como líder estudiantil, emergente ideólogo y como político más tarde (en la revolución gallega de 1846). Murguía, el gran Patriarca del galleguismo calificará a Faraldo de “el primero y el mejor”, así como “preconizador de la Escuela Histórica” y “verdadero iniciador del provincialismo”.
Si, en general, se entiende por “provincia” una circunscripción territorial, para este movimiento tiene otro significado aplicado a Galicia: La Provincia se define con un carácter historicista, es decir, aquiescente a país, a patria, a nacionalidad y siempre con el recuerdo del Antiguo Reino de Galicia.
La base historicista la encontrarán en el historiador Verea i Aguiar, que será el que introduce el celtismo en el galleguismo y también tomarán de él la necesidad de vindicar los agravios que ha recibido históricamente y en tiempo recién tanto Galicia como los gallegos.
Como Althuser dijo a Montesquieu, “que abrió caminos”, también los abrió Faraldo, denunciará el excesivo ruralismo en Galicia, de base medieval; criticar la escasa vida comercial e industrial, señalar su escentralización, es decir, su aislamiento, luchar para que Galicia tenga una capital. No será independentista, sino algo así como un autonomista in nuce. Tendrá su sincretismo: Sócrates, Cristo y Fournier. La economía será subordinada a la política: conseguir una unidad y un “espíritu gallego” de nacionalidad. Forzado al exilio y al extrañamiento por tierras cordobesas, afianzará su liberalismo progresista gallego y español. Vivió y murió pobre en Granada en 1853.
Juan Pablo II quiso que su primera visita pastoral a España en 1982 (31.X-9.XI) culminase en Santiago de Compostela en una jornada que concluyó con su discurso sobre Europa. Al Papa lo motivaba la situación del continente, y recordar a España su papel en el nacimiento y la configuración espiritual, cultural y política de Europa. Una Europa que, en 1982, presentaba división geopolítica, con el telón de acero, el Muro de Berlín o los gobiernos socialistas-liberales: en política exterior y de defensa, apoya a la Alianza Atlántica; y donde, a la crisis económica de los 70, con pérdida de nivel de vida y descontento social, se añade el cuestionamiento de los fundamentos del diseño de las constituciones democráticas de los primeros años de la postguerra.
El mayo universitario de 1968, la «Primavera de Praga» del mismo año, las huelgas y movilizaciones universitarias, las manifestaciones, los disturbios callejeros… reflejan el descontento. Buscan la liberación de los vínculos «de la religión y la moral cristiana de sus mayores, de su cultura, del orden económico, social, político y jurídico de sus instituciones, de lo vivido en la Universidad y fuera de ella». Ideales que encontraron «resonancia teológica y pastoral» en las confesiones protestantes y en la Iglesia católica. Se opta por los pobres. Surge la Teología de la Liberación.
Juan Pablo II inicia su discurso con una síntesis de los datos de la peregrinación a Santiago en los siglos XII y XIII, mencionando algunos de sus protagonistas principales, como los monjes benedictinos de Cluny. «Europa entera –dice- se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de Santiago, en los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente homogéneo y unido espiritualmente». Para el Papa, la peregrinación a Santiago favoreció «la comprensión mutua de los pueblos europeos tan diferentes». «La identidad europea es incomprensible sin el cristianismo» es su tesis. «Todavía en nuestros días el alma de Europa permanece unida porque, además de su origen común, tiene idénticos valores cristianos y humanos, como son los de la dignidad de la persona humana, del profundo sentimiento de justicia y libertad, de laboriosidad, de espíritu de iniciativa, de amor a la familia, de respecto a la vida, de tolerancia y de deseo de cooperación y de paz».
La Europa del último tercio del siglo XX está caracterizada por una crisis civil y religiosa. Y una Europa dividida, marcada por las ideologías secularizadas y el nihilismo; y por la pérdida de unidad de la Iglesia, y una posible crisis teológica. Todo se puede superar «si Europa vuelve a reencontrar su historia» y los valores cristianos. Por ello, la invita a abrir las puertas a Cristo. Y recuerda la aportación de la Iglesia a la configuración cristiana de sus orígenes y su desarrollo: santa Teresa de Jesús, san Maximiliano Kolbe, san Benito de Nursia, y los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. La principal aportación de la Iglesia hoy reside en el testimonio de servicio y amor, generoso y desprendido, de sus fieles y comunidades.
Volver a leer este discurso «anima a intensificar el estudio multidisciplinar de los problemas más graves que afectan hoy a las sociedades y a los ciudadanos de los países de la Unión Europea» y «a descubrir su hondura humana, ética y espiritual para re-encontrar la vía personal y comunitaria de su solución en un diálogo entre fe cristiana y razón sincero e intelectualmente responsable».
La memoria es de cada uno, y la ley es de todos y a todos obliga. La historia se construye con un trabajo científico, que compete a los historiadores, entre cuyas versiones hay lógicas diferencias. No puede ser una aspiración de la política establecer una Historia única ni convertirla en Ley. Menos aun cuando esa Ley, como en este caso, se refiere a una cuestión tan compleja como lo es la más incivil de nuestras guerras civiles.
La Ley de Memoria Democrática dice querer servir a la verdad y al Justicia. En mi opinión, contiene numerosas falsedades, el servicio a la Justicia está ausente y se corre el riesgo de que un procedimiento judicial que no parece pensado para cuestiones penales derive en espectáculo.
La Ley, en su primer artículo, señala que el periodo en que se han podido producir crímenes contra la Humanidad comprende la Guerra Civil y la dictadura hasta la Constitución. Es decir, aquí no ha habido Transición. Se viene a decir que, así como el 14 de abril de 1931 los españoles nos acostamos monárquicos y nos levantamos republicanos, en un día no especialmente bien determinado nos acostamos en el franquismo y nos levantamos en la Constitución. Eso es lisa y llanamente faltar a la verdad. Y, además, al borrar la Transición se hace desaparecer a su único enemigo, que fue el terrorismo.
Si bien no hay una derogación expresa de la Ley de Amnistía, se establece un procedimiento que permite al Ministerio Fiscal investigar hechos que se consideren delitos de lesa humanidad en un periodo que se inicia con la Guerra Civil, sigue con el franquismo y los dos primeros Gobiernos de Suárez. El primero, no democrático y que contribuye a traer la democracia, y el segundo, no constitucional y que termina en una España con Constitución. Ese procedimiento judicial no concluye con una condena o una absolución sino con un documento judicial. No con una sentencia. Eso no sirve a la Justicia. Eso puede conducir a un espectáculo.
La Ley de Amnistía nada tuvo que ver con las leyes de punto final. No se hizo para proteger al primer Gobierno de Suárez, que antes de las elecciones había suscrito la Declaración de los Derechos Humanos y los Tratados sobre derechos y libertades, ni tampoco a su segundo Gobierno, puesto que la Amnistía era para hechos anteriores. No hubo delitos de lesa humanidad bajo aquellos Gobiernos -para que exista ese delito debe haber un plan sistemático y generalizado para eliminar a adversarios políticos partidarios de la democracia- y si se quiere investigar judicialmente no se debería recurrir a la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Cualquier afectado debería tener la posibilidad de que se le enjuicie con las garantías y certidumbres del proceso penal ordinario.
En cuanto al objetivo de ayudar con eficacia a la exhumación de fosas, por supuesto ninguna objeción. Ni tampoco con el deseo de homenaje a las víctimas, que debe abarcar a las de unos y las de otros y servir para honrar su recuerdo, no para un señalamiento de los culpables.
Dar cumplimiento al mandato constitucional de democracia interna en los partidos (art. 6 CE) no es tarea fácil por cuanto los partidos son asociaciones privadas con funciones públicas y, estas funciones públicas afectan nada menos que a la competencia entre ellos mismos por alcanzar y conservar el poder político. Regularlos en normas elaboradas y aprobadas por órganos de los que los partidos son los sujetos principales, conlleva obvias dificultades.
Si nos atenemos a la letra de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP), podemos comprobar que los principios democráticos se cumplen. Ahora bien, la percepción externa - expresada por ejemplo en los sondeos de opinión - es la contraria: los partidos son oligárquicos y opacos, con lo cual inspiran desconfianza y provocan el rechazo de los ciudadanos. En consecuencia, todo indica que la actividad práctica no se corresponde con su desarrollo legal.
Quizás el núcleo de la solución radique en que los actuales partidos ya no son de masas (de militantes) sino de electores, y la regulación vigente esté pensada para los partidos de masas, es decir, de militantes. Una vía de solución puede consistir en adaptar la idea de democracia a los partidos de electores. La fórmula ensayada en la reforma de la LOPP (LO 3/2015) de establecer dos modelos de afiliados, según su mayor o menor vinculación a las tareas del partido, va en la buena dirección aunque quizás se queda corta.
Para que pudieran estar mejor representados los electores se les debería dar mayor participación en la elaboración de las listas electorales de todo tipo de comicios: elecciones generales, autonómicas y locales. Esta idea, que ofrece notorias pero solventables dificultades, quizás podría contribuir a fomentar una mayor participación de los ciudadanos en la vida política.
En definitiva, la respuesta concreta al título de la ponencia es doble: a) La democracia interna está legalmente bien desarrollada para partidos de militantes (de masas) y se cumple suficientemente el mandato constitucional. b) Por el contrario, si consideramos que los actuales partidos son partidos de electores (muy distintos a los de masas) el mandato democrático no puede decirse que se cumpla.
El derecho fundamental a la protección de datos personales fue reconocido en el año 2000: en España, por la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 292/2000, que lo dedujo del artículo 18.4 de la Constitución; en la Unión Europea por la Carta de los Derechos Fundamentales aprobada en diciembre de ese año, entonces con valor solamente político; y en el ámbito del Consejo de Europa por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias de sus sentencias en las que lo consideraron una manifestación del derecho a la vida privada, reconocido en el artículo 8 del Convenio de Roma.
En España ha sido objeto de regulación legal a partir de 1992 y en la Unión Europea a partir de 1995, rigiéndose en la actualidad, además de por el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales, ya con valor normativo desde el Tratado de Lisboa, por el Reglamento (UE) 2016/679 que ha establecido un régimen uniforme del derecho fundamental en toda la Unión. En España la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y de garantía de los derechos digitales, completa las disposiciones del Reglamento en los extremos en que este lo requiere.
El contenido del derecho fundamental está integrado por las facultades de autodeterminación informativa que reconoce a las personas físicas a quienes pertenecen los datos y por los límites que impone a quienes tratan información personal. Además, comporta una dimensión institucional plasmada en la creación de autoridades independientes que ofrecen una primera línea de defensa especializada del derecho fundamental además de las generales que ofrece el ordenamiento jurídico.
Desde 1992 hasta hoy se han producido cambios importantes en la orientación del legislador: de una aproximación esencialmente administrativa y estática, ha pasado a otra dinámica, caracterizada por fomentar las condiciones de seguridad en los tratamientos de datos y en la prevención los riesgos que pueden derivar de ellos. También en el incremento notable de la cuantía de las sanciones con que se castigan las infracciones en correspondencia con el margen de confianza que se permite a quienes tratan datos personales.
Es preciso subrayar que, mientras los tratamientos que efectúan los poderes públicos están, en principio, limitados y controlados, no ocurre lo mismo o no en igual medida con los realizados por los operadores privados. Respecto de estos últimos, el alcance territorial de las legislaciones es un obstáculo significativo a la eficacia de la garantía del derecho fundamental, aunque el Reglamento (UE) 2016/679 ha avanzado mecanismos para sujetar al Derecho de la Unión Europea a operadores radicados fuera de ella. No obstante, los problemas surgidos en las transferencias de datos a los Estados Unidos de América ponen de manifiesto que sin una ordenación global, que no se vislumbra, no podrá lograrse una protección satisfactoria de la información personal.
Es menester, por otra parte, limitar su utilización en las contiendas electorales y, en todo caso, resulta imprescindible fomentar la conciencia individual sobre los riesgos a los que responde este derecho y la esencial responsabilidad de cada uno en la preservación de los propios datos.
Se abordaron los siguientes puntos: 1. Breves referencias biográficas. 2. La obra Wirtschaft und Gesellschaft. 3. La concepción sociológica de Max Weber. 3.1. Los conceptos jurídicos y los conceptos sociológicos. 3.2. Definición de la sociología. 3.3. El concepto general de acción. 3.4. El concepto de acción social. 4. La relación social. 5. Las formaciones sociales. 6. Los fundamentos metódicos de la sociología comprensiva. 6.1. La idea de “sentido” (“Sinn”): sus cuatro significados. 6.2. Los “tipos ideales”: la influencia de Georg Jellinek. 6.3. La “comprensión” (“Verständnis”, “Verstehen”). 6.4. Individualismo metodológico. Crítica del organicismo. 6.5. La objetividad del conocimiento en la sociología.
La obra titulada “Economía y sociedad- Compendio de sociología comprensiva” es una síntesis de los principales campos trabajados por Max Weber: metodología de las ciencias sociales, la sociología como ciencia, sociología de la religión, de la política y del derecho, sociología de la economía, de la música, etc. A pesar de su considerable volumen se trata de un “compendio” bastante desigual en sus distintas partes: unas elaboradas, y otras con el carácter de una redacción provisional y desordenada.
La ponencia se centra en los aspectos más generales de la concepción sociológica de Weber desde una perspectiva muy determinada: la convicción de la enorme relevancia que tiene en Weber su formación jurídica para la construcción de la sociología formal o, dicho de otro modo, para la construcción de los conceptos formales de la sociología.
Se defiende la tesis de que Weber piensa los conceptos sociológicos formales a partir de los conceptos jurídicos formales, tal como en su tiempo habían ya sido elaborados por la teoría general del derecho y la dogmática jurídica.
Hay que separar la sociología formal y la sociología material. La tesis que se defiende no es aplicable a los planteamientos materiales, sino solo a los conceptos formales.
A partir de esa tesis se analizan los conceptos de acción social, relación social, formación social.
Después se pasa al estudio de los fundamentos metódicos de la sociología comprensiva propugnada por Weber, sobre todo la idea de “sentido” y “comprensión”, así como la influencia de Georg Jellinek en cuanto a los “tipos ideales” se refiere. Se concluye con el tema clásico de Weber: la objetividad del conocimiento científico social y la Wertfreiheit.
Partiendo de la experiencia que da la coordinación de la Comisión Repara, de la archidiócesis de Madrid, que se enfrenta con el problema global de los abusos sexuales, de autoridad, de poder y de conciencia, la ponencia desarrolla el contraste entre una tesis esencial de la filosofía, a saber: que nadie puede hacer a otro bueno ni malo, sino cada uno a sí mismo -aunque se pueda contribuir de maneras indirectas, claro está, al bien y al mal de los demás- y la realidad de que las víctimas de las peores perversidades no se crean inocentes, sino realmente manipuladas y violadas no ya en su cuerpo, sino en su alma y hasta en su espíritu.
Para ello tiene que ser posible que haya una misteriosa intervención del otro perturbando el centro de la inocencia de su víctima, que cae después en el terrible fenómeno que ha descrito sobre todo Simone Weil, basándose en el libro de Job, como la desdicha.
La ponencia funda primero la tesis clásica sobre cómo el mal por antonomasia no es el dolor, sino la culpa, y analiza luego, sucesivamente, el análisis de la desdicha (malheur) en el texto principal que le dedicó Weil y los rasgos centrales de la doctrina de la acción según Emmanuel Levinas en Totalidad e infinito. Por el camino se aportan testimonios de supervivientes de la Shoá (fundamentalmente, Elie Wiesel) y de actuales víctimas atendidas -y en muchos casos muy recuperadas- por los terapeutas de la Comisión Repara.
Lo escandaloso no es el sufrimiento de los inocentes, sino que ese dolor se llegue a teñir en ocasiones de culpa y así se multiplique y entre en dimensiones teológicas y metafísicas que conciernen al centro de la antropología filosófica.