La psicología es una ciencia de circunstancias. Se interesa por el hombre, pero precisamente por el hombre que vive, esto es , que se conduce, opera, actúa en una situación determinada, a la que hace frente, y dentro de la cual se esfuerza por controlarla y sobrevivir.
Esa vida de que nuestra ciencia se ocupa viene matizada por múltiples factores. Pero uno sumamente potente y visible es la edad. Nuestras vidas tienen una estructura que va variando con el desarrollo en el tiempo de nuestro organismo y de nuestra experiencia y memoria, esto es, con la edad. Y ésta tiene una significación distinta según sus diferentes niveles, y según la cultura dentro de la cual se va desplegando. La edad es una variable no meramente orgánica, sino realmente sociohistórica: el niño, el adulto o el viejo, están ciertamente determinados por los años vividos, pero también por el marco histórico y social en que se van realizando.
Hace muchos menos años, aunque va ya para un siglo, Marañón habló en un ensayo clásico del “deber de las edades”. Entendía que las distintas edades son diferentes no sólo cuantitativa, sino cualitativamente, y que cada una tiene su función dentro de la vida, y conlleva un cierto proyecto de existencia que se modula y concatena a lo largo del tiempo. Y con ello, a cada edad le vendrán a corresponder unos ciertos derechos, y también, decía el gran doctor, unos ciertos deberes. Precisamente el de la vejez consistía para él en la voluntad de adaptación. Era una lección puramente galénica. Pues para Galeno la tristeza del anciano depende de desear lo que no puede conseguir, y Marañón recetaba como remedio infalible “adaptarse…saber ser viejos … y no jóvenes ni maduros”. (112). Pero toda adaptación ha de ajustarse al contexto o situación que se vaya a asumir, es decir, es un concepto histórico, estrictamente situacional. Toda la psicología --desde Darwin a Piaget y a los actuales psicólogos positivos -- viene afirmando el papel adaptativo de la conducta humana. Cada sociedad posee su repertorio de envejecimientos. De ahí que importe aclarar esas figuras en cada tiempo, y lugar. Están hechas, en gran medida, de actitudes y modelos psicológicos, sociales, económicos y políticos. En estas páginas hoy querría ocuparme solo de lo dicho y sabido por los psicólogos españoles acerca de nuestra vejez.
La actualidad del tema.
La importancia del tema ha corrido paralela con el volumen del grupo poblacional correspondiente. Durante siglos, el colectivo de senectos ha sido una parte muy pequeña de las diferentes sociedades. Pero desde hace unos años vivimos el fenómeno opuesto: el crecimiento imparable de las personas mayores. Un solo dato : en la Unión Europea, en 2001 había un 16 % de la población que era mayor de 65 años; en 2019, en cambio era de un 27 % ; en cerca de 20 años casi se duplica el número de personas mayores, de las que en torno a un tercio son varones y dos tercios mujeres.
El cambio se explica fundamentalmente por los avances médicos e higiénicos, el crecimiento de la economía mundial, y el desarrollo de un mundo técnico que protege la vida humana. En esa compleja cobertura protectora desde luego hay que incluir, entre otras muchas disciplinas, a la psicología.
Recuérdese, en este contexto, la voluntad de protección a las personas mayores que se contiene en la Constitución Española de 1978: En su artículo 50 se dice que “ los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, Vivienda, cultura y ocio” Es un fiel reflejo de una política que se fué consolidando en textos similares de otros países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, así como en declaraciones de organizaciones como la OIT (Organización Internacional del Trabajo (1967) o la Carta Social Europea, de 1961. El mundo civilizado vino así a reconocer y explicitar su voluntad de apoyo al mundo de la Tercera Edad.
El tema de los mayores, en psicología, es pues relativamente reciente, y ha ido modificándose y ampliando su radio de acción, ampliando la visión de los problemas que demandan intervención.
Un peligro reciente.
Los procesos de tecnificación y digitalización de la vida contemporánea, unidos a la profunda alteración que la reciente y gravísima pandemia sufrida globalmente, pero con particular efecto sobre la realidad económica y política de las naciones avanzadas, parece haber tenido entre otras indeseables consecuencias un movimiento de hostilidad y crítica hacia la figura de la persona mayor en varias de las sociedades más desarrolladas. Desde hace algún tiempo, pero con considerable fuerza en las presentes circunstancias de pandemia, ha hecho su aparición el llamado proceso del “edadismo” , término que se acuñó, al parecer al final de los años 1960s, para referirse a los procesos de discriminación negativa de las personas mayores, y la circulación de estereotipos minusvalorativos sobre las mismas.
Cabe recordar aquí, por su actualidad, la reciente reacción organizada en España por algunas asociaciones de jubilados, contra la decisión de muchas entidades bancarias de suprimir oficinas con atención presencial al cliente, y su sustitución por cajeros automáticos, que requieren para su uso de ciertas habilidades no siempre al alcance de muchas personas mayores. El lema del movimiento, “soy viejo, pero no tonto” es expresivo de la reacción que lo origina. Los lideres lo han repetido para dar a entender las razones profundas de su demanda de atención personalizada por los bancos, con el sentido sobreentendido de que ‘si no usan bien las máquinas ello es debido a alguna dificultad física, pero no mental’.
El “edadismo” – o “ageism” de los países anglosajones -- aparece vinculado en alto grado a recientes problemas en la atención médica, surgidos en momentos de congestión hospitalaria generados por la pandemia. Como se puede ver en Wikipedia, a propósito del edadismo, esta actitud se ha dado en “políticas que apoyan el racionamiento de la atención sanitaria en función de la edad” - marginando a las personas mayores cuando concurrían junto con otros adultos en busca de atención clínica. La pandemia, en especial en sus primeros tiempos, también puso de manifiesto la situación deprimida en que se hallaban muchas de las personas mayores, acogidas en las residencias para ancianos, faltas de medios para una atención adecuada. Como comenta la psicóloga S. Pinazo, “las imágenes estereotipadas y negativas que aparecen en los medios de comunicación vinculando enfermedad a vejez, deterioro y carga social, pueden reforzar el edadismo, la actitud de rechazo y el miedo a envejecer” (Pinazo, 2020, vid. Bravo-Segal y Villar, 2020).
El fenómeno, como todos los relativos a estereotipos y tópicos populares en medios de comunicación, tiene una enorme dimensión psicosocial, que no puede ser ignorada por los actuales expertos en psicogerontología. Habría, pues, que tratar de promover, frente al edadismo, que cabría también llamar “gerotropismo negativo”, por rechazo o desvío frente a la edad, un “gerotropismo positivo”, que recuperara las imágenes de las personas mayores desde sus posibles atributos de experiencia, sabiduría, capacidad de consejo, que durante siglos favorecieron su asiento en los senados respetados por las sociedades históricas. Como ha dicho Adela Cortina, haciendo frente al edadismo, o ‘gerontofobia’, como gusta de escribir, estamos a un tiempo ante un tema de justicia social, y también ante una errónea apreciación de esa tercera edad en la cual una parte muy considerable es humanidad productiva, con utilidad social en la vida cotidiana, que apoya en múltiples formas a los más jóvenes.
Precisamente en función de esta amenaza de una guerra incesante, “el estado de paz debe ser establecido” (PP,50) hay que producirlo e instaurarlo en la conciencia ciudadana y en las instituciones sociopolíticas de convivencia. Se invierte así radicalmente la sentencia clásica “si vis pacem, para bellum” en esta otra, propuesta por Dieter y Eva Senghaas: “ si vis pacem, para pacem”, si quieres la paz, comprométete con su realización práctica. La paz es para Kant un ideal de la razón y en cuanto tal es en sí mismo inalcanzable, no ya solo porque sea una idea pura, sino porque sería tanto como desconocer la raíz viciada de mal en la naturaleza humana. Mientras haya una voluntad perversa en el mundo será posible la guerra. Esta idea racional actúa a modo de un órgano crítico/ heurístico, que, a la vez que permite detectar situaciones históricas de violencia, alumbra salidas prácticas para acercarnos asintóticamente al ideal. De ahí que su exigencia se convierta en una tarea moral insoslayable para la humanidad en su conjunto, pero precisa de un proceso práctico para su implantación en el mundo. Por eso su opúsculo se titula, en contra de cómo suele nombrarse, “Hacia la paz perpetua. No es la afirmación de una tesis metafísica, sino la propuesta racional de un proceso histórico/jurídico, armado con una legitimación moral. Kant nos propone un salto cualitativo de la humanidad en el tránsito del estado natural en que viven los Estados, con derecho a la guerra y en permanente amenaza de ella, al estado social, en que firman entre sí un pacto originario y se obligan a convivir bajo leyes públicas y una autoridad internacional capaz de hacerlas cumplir. A primera vista esta idea no puede ser más utópica: parecería una república puramente racional de naciones. Pero importa distinguir entre la idea racional, que es en sí misma un ideal, arduo y exigente, en sí inalcanzable, y el camino histórico y jurídico de su realización, que no es una absurda quimera, porque son las cosas mismas las que nos fuerzan a perseguirlo y emprender el proceso para promoverla y acercarse a ella en la medida de lo posible (MC, pr. 61).
A su vez, hay que aclarar que tal pacto no tiene que sustentarse solo en buenas intenciones o motivaciones morales. Kant es un racionalista y a fuer de tal, cree en la potencia de la voluntad racional para crear instituciones a su medida, aun en medio del estado de necesidad, o mejor, precisamente porque hay un estado de necesidad que urge a su superación. Es cierto que a veces cae en la presunción propia de un alma recta. Confía, por ejemplo, en el respeto generalizado al derecho. “El homenaje –dice--que los Estados tributan al concepto de derecho (por lo menos de palabra) demuestra que en el hombre habita una mayor –aunque todavía no desarrollada—tendencia al bien moral” (PP,61). Pero, fundamentalmente apela a argumentos racionales sobre tendencias históricas en curso que obraban ya en su tiempo a favor de esta alianza de naciones, tales como, 1) la naturaleza pacífica de las repúblicas; 2) la fuerza asociativa del comercio mundial y 3) la función de la esfera pública política”. En virtud de ellas, puede Kant formular su proyecto de tratado de paz en tres principios constitutivos.
El Oratorio «El Mesías» fue compuesto por Jorge Federico Haendel desde el 22 de agosto de 1741 al 12 de septiembre del mismo año, con la ayuda del libretista Charles Sennens. Ambos decidieron crear un «cuadro de meditación» sobre la obra redentora del Salvador, una visión global de lo que tal obra implica, desde las predicciones del profeta Isaías hasta la transformación que experimentarán todos los creyentes cuando acontezca la «segunda venida» del Mesías, al final de los tiempos. Por esta profunda razón, «El Mesías» no pertenece tanto al tiempo navideño cuanto al de Semana Santa y Pascua.
La Primera Parte está estructurada mediante la movilización de cuatro palabras básicas en el antiguo testamento: Consuelo («Consolad a mi pueblo, dice el Señor, porque el tiempo de la desgracia ha pasado y su iniquidad ha sido perdonada), Gloria («Y se revelará la gloria de Dios»), Luz («Levantaos, resplandeced, porque la luz ha venido y la gloria de Dios se alza sobre ti»), Pastor («Alimentará a su rebaño como un pastor…»).
En la Segunda Parte, este ambiente de consolación, gloria, luminosidad y ternura es sustituido por la situación de tormento a que se ve sometido el «varón de dolores» (Isaías). El coro –representando a la comunidad creyente– exclama con aire dramático: «Ciertamente, Él ha cargado con nuestras desdichas…».
Pero, durante su vida, Jesús había preparado a los apóstoles para predicar la Buena Nueva («Qué hermosos son los pies de quienes predican el Evangelio…») y consolidar la Iglesia naciente, protegida por el Señor ascendido al Cielo. El coro lo celebra, entusiasmado, con palabras del Apocalipsis, el libro de la esperanza y el consuelo de los cristianos perseguidos: «Aleluia, porque el Dios omnipotente reina y reinará por todos los siglos. Aleluia».
La Tercera Parte de esta obra de consolación está dedicada a la gran esperanza que transmite San Pablo a los cristianos de su tiempo, agobiados por las persecuciones incipientes (1 Cor 15, 52-53).
Esta creencia inspira la famosa aria de soprano:
«Creo que mi redentor vive y que aparecerá, en el último día, sobre la tierra, y, aunque los gusanos destruyan mi cuerpo, yo, en mi carne, veré a Dios»
(Job 19, 25-26).
En el momento final, la obra entona un himno al Cordero que nos redimió con su inmolación. Los autores se inspiraron en el capítulo 5 del Apocalipsis. Oigamos atentamente las palabras de este capítulo y veremos cómo Haendel, sin cambiar apenas el texto, saca de él una inmensa fuerza. Asume el ritmo de la narración y lo eleva a una altura expresiva sin igual hasta entonces.
El Mesías proclama que el Apocalipsis o revelación no es «el libro de la gran catástrofe», como a veces se piensa, sino el de la esperanza en la victoria final del Cordero inmolado por redimirnos.
Actualmente, El Mesías es presentado en el tiempo litúrgico navideño, como una especie de himno de alegría por el nacimiento de Jesús. En realidad, bien visto, tiene su lugar propio en la gran semana por antonomasia santa, donde celebramos el Misterio Pascual. De todos modos, se adapta muy bien al espíritu navideño, por su carácter esperanzado y jubiloso.
En cualquier momento del año podemos oír y vivir esta gran obra como un definitivo mensaje de esperanza y de consuelo. Gloria y honor a sus autores y a la cultura que acogió su talento y le hizo posible escalar esta cumbre.
La presencia de plataformas BigTech en las finanzas trae muchos beneficios potenciales: reducción de costos, mayor productividad, inclusión financiera, adaptación de productos a los clientes y conveniencia. Sin embargo, esta es solo una parte de la historia. A diferencia de FinTech, las actividades de BigTech pueden terminar perjudicando la competencia a mediano y largo plazo, además de dañar la protección del consumidor, la integridad del mercado y la estabilidad financiera. Si estos riesgos se materializasen, BigTech podría terminar reduciendo el bienestar. Los dos principales impulsores de este resultado potencial son el modelo de negocio de BigTech y las asimetrías regulatorias y de supervisión.
La competencia es la piedra angular de una economía digital vibrante. Sin embargo, el modelo de negocio de las BigTechs -protagonistas esenciales de la digitalización- está conduciendo visiblemente a una concentración significativa de dominio económico. Esto ha desencadenado debates doctrinales y políticos que están convergiendo en torno a un nuevo enfoque de la política de competencia, con propuestas de diversos tipos basadas en la regulación de las BigTech como entidades sujetas a códigos de conducta.
Estos movimientos, dirigidos a limitar los abusos de posición dominante y otras prácticas anticompetitivas, están señalando claramente un camino a seguir, en el que las autoridades de competencia se ocuparían de los asuntos generales e intersectoriales de competencia de las grandes plataformas, en estrecha coordinación con los reguladores de los distintos sectores de actividad. En tal contexto, sería natural que los servicios financieros proporcionados por las BigTechs, así como los servicios no financieros relevantes para las actividades financieras que brindan las plataformas, incluidos los servicios cloud o en la nube, fueran regulados y supervisados ??siguiendo un enfoque basado en las BigTechs como entidades complementado con requisitos reforzados para diferentes actividades. Bajo este nuevo régimen, las autoridades financieras tendrían que trabajar en estrecha coordinación con los reguladores y supervisores de la competencia, la protección de datos, la ciberseguridad y otras autoridades intersectoriales, tanto a nivel nacional como internacional.
Iniciativas como éstas allanan el camino hacia cambios significativos en el enfoque mediante el cual se regulan y supervisan las actividades financieras de las grandes plataformas digitales. Aunque actualmente los servicios financieros representan solo una pequeña fracción de sus ingresos, la influencia de las BigTechs va mucho más allá, ya que ofrecen también servicios no financieros que son esenciales para todos los competidores financieros. Y muy rápidamente podrían volverse demasiado grandes para quebrar o fallar.
Por todo ello, la eliminación de las asimetrías regulatorias más críticas que impiden el logro de los objetivos sociales de la regulación reclama el reforzamiento de las regulaciones horizontales clave -en particular, las relativas a la resiliencia operativa-, así como el tratamiento de las BigTechs como entidades reguladas que desarrollan actividades financieras y no financieras de crucial importancia para la estabilidad financiera y de la economía en su conjunto.
Estructura Económica de España, con su compendio, llega a su 26 edición (con numerosas reimpresiones intermedias), difundido, en gran medida con el propio nombre de su autor originario: “El Tamames”. Se ha convertido en referencia por más de medio siglo, 1960/2022, siempre renovado en versiones evolutivas.
Es fácil comprender que tras una ejecutoria así, los dos coautores no quisiéramos dejar morir Estructura Económica de España. De modo que, superando cualquier síndrome de extinción, decidimos no jubilar el libro. Sencillamente, porque la vida es bella cuando nos movemos con entera libertad en el campo del conocer, en un tiempo en el que internet provee recursos antes difíciles de alcanzar, y cuando hay toda clase de posibilidades de renovación integral.
Uno de los aspectos más relevantes de Estructura Económica de España es que a través de colegas universitarios, el libro fue incluido como texto básico de enseñanza de la economía española, con una difusión estimada de un millón de ejemplares. Así las cosas, aparte de los 30.000 alumnos directos de los dos autores, hemos calculado que habremos tenido no menos de tres millones de alumnos indirectos; que de una forma u otra estudiaron con este libro o su compendio: economistas, ingenieros, juristas, empresarios, sindicalistas o, simplemente, personas interesadas en la economía de su país.
Una de las novedades de la edición 26 de Estructura Económica de España es que además de la información estadística actualizada que hay en el libro, 198 cuadros a lo largo de 19 capítulos, hemos incluido 96 ilustraciones de todo tipo: diagramas, mapas, histogramas de frecuencia, esquemas de circuitos, efigies de grandes economistas y empresarios, etc. Imágenes que suponen un buen acompañamiento del texto. En una ilación continua a lo largo del libro, con dos presunciones básicas: cada imagen puede valer por mil palabras, y también por aquello de Alicia, en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, sobre la indudable superioridad de un libro que tiene estampas.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aplica en España el presupuesto recibido del fondo Next Generation de la UE, ofrece una oportunidad única para modernizar la estructura económica y social del país, sentando las bases para un progreso sostenido y el bienestar de las generaciones futuras.
Pero no ha nacido como acuerdo parlamentario, y se ha elaborado sin acudir a quienes desde la sociedad civil podían haber aportado propuestas de objetivos, líneas de actuación, y políticas concretas. No se ha contado con el sistema de ciencia para la selección de proyectos, ni tampoco se cuenta con él para su evaluación a posteriori, que está mediatizada por la ausencia de objetivos cuantitativos en las convocatorias del Plan.
En algún momento futuro, alguien podrá describir los logros alcanzados bajo el Plan, pero una verdadera rendición de cuentas habría requerido motivar los objetivos de largo plazo escogidos y los programas seleccionados para alcanzarlos, e incluir en ellos una estimación de resultados que pudiera compararse con los finalmente logrados, explicando las desviaciones que pudieran producirse.
El diseño escogido para la selección de políticas, desde abajo hacia arriba, se presta a ineficiencias: no habiendo un objetivo finalista, pueden aceptarse propuestas que se hubieran llevado a cabo en todo caso; es dificil lograr una coherencia entre las distintas actuaciones, y también lo es no dejar lagunas sin cubrir. El procedimiento de convocatorias puesto en marcha resulta complejo burocráticamente y costoso, por lo que las empresas pequeñas y medianas pueden tener grandes dificultades de acceso. Tampoco es evidente qué convocatorias se abrirán próximamente, y el breve plazo de las mismas dificulta la participación de las pymes.
Hubiera sido preferible escoger unas pocas “misiones”, que habrían dado indicación clara de las políticas necesarias para lograrlas, involucrando a muchos estamentos sociales; tendría además la ventaja de una mayor transparencia para los ciudadanos, facilitando que estos se sintieran implicados en el proyecto.
Frente a la posibilidad de crear una agencia autónoma suficientemente dotada de personal y medios, se ha optado por un aparato de gestión modesto, basado en una comisión interministerial, presidida por el presidente del gobierno, con una Comisión Técnica de apoyo, y otorgando un papel importante a la comisión sectorial de las CCAA; la práctica imposibilidad de este sistema por hacer seguimiento de los proyectos puede explicar que se esté siguiendo una estrategia que consiste básicamente en ejecutar gastos en el corto plazo de tiempo comprometido.
Dado que los Planes de recuperación deben tener carácter nacional, se ha optado asimismo por distribuir fondos a las CCAA para su utilización dentro de las grandes líneas definidas por las diez “políticas palanca”; desconocemos cómo se espera coordinar dichas decisiones descentralizadas de proyectos de modo que contribuyan al logro de un determinado objetivo a nivel nacional.
Un riesgo importante es que, finalmente, no exista un claro impulso reformista. Quizá porque pueda pensarse que las importantes inversiones, y la promulgación de nuevas normas sea suficiente para generar el impulso innovador, la transformación digital y la transición ecológica.
El seguimiento de la ejecución de fondos no es sencillo: actualmente no existe un punto de información sobre los compromisos de gasto que se van tomando en las distintas áreas ministeriales, o respecto a los 30 programas (“componentes”) definidos en el documento España Puede, que describe el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, o al modo en que las convocatorias resueltas van a afectar a las distintas CCAA.
Confiemos en que las deficiencias apuntadas en esta ponencia acerca del diseño e implementación del Plan español se vayan subsanando lo antes posible.
La figura de Cabarrús (1752-1810) ha dado lugar a controversias sin fin. Como economista contribuyó decididamente a la modernización del sistema financiero español, con el invento de los vales reales y su contribución a la creación del Banco de San Carlos como banco central de la Monarquía. Como político, siguió una trayectoria de abruptos vaivenes, pues fue asesor privilegiado de ministros principales, sufrió persecución y cárcel a manos de poderosos enemigos, se unió al Gobierno afrancesado, y acabó con sus huesos arrojados ignominiosamente al Guadalquivir. También fue pensador y escritor, que brilló con luz propia en el grupo de los Ilustrados de la Sociedad Matritense de Amigos del País. Esta es la parte de su vida que más interesa hoy, en especial las ideas y propuestas plasmadas en sus Cartas a Jovellanos (1808, 1812, 1820). Yerran quienes le han presentado como columna del liberalismo de los años de la francesada. El contraste de su racionalismo con la filosofía de su amigo cada por Jovellanos permite descubrir dos vetas del en el pensamiento político liberal: la rousseauniana de los racionalistas y la crítica de los más moderados, destacada por Hayek en su famoso ensayo sobre verdadero y falso individualismo. Desde el punto de vista personal también han chocado sus cambios de actitud y fortuna: su búsqueda de riquezas, su amor por las mujeres, su aceptación de títulos nobiliarios – tampoco ahí consiguió seguir una trayectoria tranquila. Sin embargo de todo ello, no es justo condenarle como se hizo en su tiempo, pues sí que en fin de cuentas mostró amor por su patria de adopción.
Tres circunstancias coincidentes en el curso de las últimas semanas han recabado la atención sobre la lengua española.
Una es el arranque del “año Nebrija”, al cumplirse en 2022 (2 de julio) el quinto centenario de la muerte de quien puede ser considerado una de las principales figuras del Humanismo europeo, con sitio propio en la galería donde ocupan lugar destacado Erasmo, Maquiavelo, Moro o Vives: el sabio humanista sevillano, Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de una lengua romance, la Gramática de la lengua castellana, publicada en 1492.
Otro motivo de celebración nos lo ha dado al terminar el año pasado el septuagésimo aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). El acto formal tuvo lugar en la sede de la Real Academia Española el pasado 10 de diciembre: una sesión, más aún que solemne -con presencia de Sus Majestades los Reyes-, excelentemente organizada para poner en valor la estructura institucional plurinacional que tiene por objeto el cuidado del español, su calidad como lengua hablada y escrita y su unidad.
Pero no todo invita al aplauso. La tercera circunstancia que ha situado entre nosotros al español en primer plano inspira más bien pesadumbre. Se trata de la escalada que está conociendo el denominado “conflicto lingüístico” catalán a partir de lo acontecido en una escuela de Canet de Mar, provincia de Barcelona, después de las medidas cautelares dictadas -ante la reclamación de los padres de un niño- por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, medidas avaladas por el Tribunal Supremo. Lo que ha seguido es bien conocido y revela que la lengua -vehículo de comunicación, de diálogo, de entendimiento- se utiliza como arma arrojadiza y que la escuela se convierte en trinchera política, en estructura orgánica a partir de la cual irradiar el independentismo en las nuevas generaciones. Un planteamiento esencialista de la inmersión lingüística que la transmuta en “inmersión independentista” (Teresa Freixes).
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Tres cuestiones relevantes de la situación actual del español reflejan esos acontecimientos.
El primero atiende a la mayor ventaja competitiva que tiene hoy el español en el mercado global de lenguas: el formidable avance conseguido en la normativización; en su normativización consensuada, gracias al programa lingüístico panhispánico desarrollado con la participación de todas las Academias de la Lengua Española. Un panhispanismo que concibe el español como condominio de los pueblos que lo hablan, y que se articula consecuentemente: trabajo cooperativo en una organización policéntrica y federativa. La creación de ASALE -ya se ha indicado- fue un paso crucial para completar una estructura institucional que canaliza y a la vez estimula la labor normativa compartida a favor de la lengua común. Un caso único de autorregulación. Tarea coral que no deja de prosperar, habiendo conseguido poner a punto en menos de una década las tres principales obras con carácter normativo: diccionario, ortografía y gramática, “las tres columnas que sostienen la unidad del castellano” (Muñoz Machado).
En el mapa internacional de las lenguas, esa condición unitaria, bien aprovechada, puede resultar determinante para el porvenir del español. Como decisiva será también en el campo de la Inteligencia Artificial, pues facilitará que el español que aprendan las máquinas responda a pautas comunes gramaticales y lexicográficas. Otra vez aquí la iniciativa de la Real Academia Española es digna de elogio. Supo dicha corporación desde los años finales del siglo XX adelantarse y abrir un proceso de producción y desarrollo de recursos lingüísticos digitales que en poco más de dos décadas la ha situado en la vanguardia de la creación de medios de esta naturaleza (Juan Carlos Conde). Y a esa misma voluntad de anticipación responde hoy el proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), cuyo objetivo estratégico es enseñar un español correcto a las máquinas. Solo si tal apuesta se gana, la lengua plurinacional -o transnacional- y multiétnica que es el español podrá alcanzar a ser efectivamente “la otra” lengua de Occidente: la lengua románica universalizable mejor situada para acompañar al inglés, la lengua sajona ya universalizada (López García-Molins).
La segunda cuestión a destacar mira también hacia adelante y desde la atalaya que ofrece la demolingüística. El español ya no va a contar en el tiempo que viene con una demografía tan favorable como la que ha sostenido su espectacular crecimiento a lo largo de los últimos cien años, cuando la cifra de hablantes de español se ha multiplicado por seis. Un excepcional aumento que ha coincidido en los decenios más cercanos -ya se ha apuntado- con el también rapidísimo de la minoría hispana en Estados Unidos hasta acercarse esta a los 60 millones. Balance muy positivo, pero no repetible. Es ya constatable el retroceso en los indicadores de crecimiento de la población en todos los países que hablan español -situándose por debajo en todo caso de los ritmos actuales y proyectados para Asia y África-, cuando también la inmigración de latinos a Estados Unidos se ralentiza, hasta perder la primacía desde hace algunos años a favor de la que llega desde el otro lado del Pacífico. La demografía, pues, dejará de ser nuestro fuerte, la catapulta de los exitosos recuentos anuales del número de hispanohablantes.
La tercera de las cuestiones atendible a propósito de los acontecimientos aludidos atiende a las tensiones más recientes en Cataluña. La política de inmersión ahí practicada supone de hecho “una discriminación positiva del catalán en relación con el castellano en los programas educativos de toda clase, en los medios de comunicación de Cataluña, en las Administraciones Públicas y en todas las manifestaciones de la vida social ordinaria (…) Sería extraordinario que el Estado español tuviera que arbitrar políticas de protección del castellano, como remedio para asegurar la vigencia real en Cataluña de los preceptos constitucionales que imponen su conocimiento como un deber en todo el territorio del Estado (…). Una asombrosa paradoja: el país que ha difundido por todo el mundo su lengua y que ha propiciado que muchas naciones la hagan suya, renuncia a su defensa y permite su desplazamiento dentro del propio Estado” (Muñoz Machado).
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Si el español es el producto más internacional de España y de todos los países que lo tienen como lengua propia, háganse políticas consecuentes. Si es el mayor bien cultural de que disponemos, actúese en consecuencia.
El cuidado y la promoción del español es una cuestión de Estado, y se merece una política de altura. Quiere decirse que el español ha de considerarse como bien preferente a todos los efectos —también, desde luego, a efectos presupuestarios— y su proyección internacional concebirse como una tarea de largo aliento, con las prioridades que ello comporta en el campo de la enseñanza del idioma, en la elección de las lenguas de trabajo en foros internacionales y en el apoyo a todos los procesos de creación cultural y comunicación científica. Una política que se articule a través de una estrategia compartida por España y todos los países también titulares de esta propiedad mancomunada que acredita la oficialidad internacional del español.
Bien preferente, cuestión de Estado en suma. Juan Pablo Fusi dijo en cierta ocasión que “España tiene un papel en el mundo: la defensa de la lengua castellana”. Yo lo diré más coloquialmente: España es el español, y luego todo lo demás.
Es bien sabido que nuestras economías experimentarán en los próximos años dos grandes transformaciones derivadas de la revolución digital y de la acuciante necesidad de hacer frente al cambio climático (CC), y conseguirán así una trayectoria de crecimiento económico más sostenible y equitativa. En el ámbito de los países de la Unión Europea (UE) esta realidad ha quedado reflejada en el programa de la Comisión Europea (CE) denominado Next Generation EU, que supone un nivel de inversión de 750.000 millones de euros —a precios de 2018— con el propósito de acelerar la recuperación económica, y como literalmente se recoge en él «crear una Europa más ecológica, más digital y más resiliente» [véase CE (2021)].
Pues bien, la intención de este trabajo es analizar el impacto que este escenario tendrá en el sistema financiero, así como el papel que este debe —o debería— tener en este nuevo entorno que, indudablemente, traerá cambios radicales en todos los sectores económicos. Es ocioso añadir que no solo por las limitaciones de espacio, sino también por las acotadas capacidades del que escribe, este análisis será parcial y, en muchos aspectos, estará condicionado por la práctica académica y profesional del autor.
Dadas las características especiales de los mercados financieros, la exposición empezará recordando las razones que justifican su regulación. Me extenderé, relativamente en ellas, ya que creo que deben tener un papel muy relevante en el proceso de innovación financiera. A pesar de la falta de calidad de la información pública sobre los costes en que incurren los bancos en el proceso de regulación y supervisión al que están sometidos, valoraremos dicha información en términos absolutos y relativos.
A continuación, se harán un conjunto de consideraciones sobre las innovaciones habidas en el sistema financiero durante los últimos años. Tampoco las referencias sobre inversiones en innovación, que en la práctica se concentran en tecnologías de la información (TI), tienen la calidad y extensión deseable, pero, sin embargo, haremos un intento para estimar su orden de magnitud y los resultados a los que conduce. Asimismo, daremos algunos ejemplos que ayuden a entender la falta de rigor que tienen numerosos análisis de esta naturaleza, que, con frecuencia, se adoptan como referencia para la toma de decisiones en esta materia.
Seguidamente, revisaré algunas ideas sobre el trueque y el dinero en las economías desarrolladas, haciendo mención especial a las funciones básicas que desempeñan. Además, se hará singular énfasis en el proceso de creación de dinero. Después, y en este contexto, describiré brevemente un resultado concreto del proceso de innovación financiera, como es el de las criptomonedas. También haré referencia a las tecnologías que las soportan y a la necesidad de su regulación, dado el impacto que su entrada en el mercado puede tener en la actividad económica y financiera.
Terminaré, analizando el papel de los intermediarios financieros en el fundamental problema del CC. Llegaré a la conclusión de que la función de los reguladores y supervisores financieros independientes no debe ser la de imponer, directa o indirectamente, al sector financiero que incentive las inversiones en energías renovables y desincentive aquellas en energías fósiles. Las decisiones para abordar el tipo de externalidades negativas que los gases de efecto invernadero (GEI) generan son bien conocidas y deben ser tomadas por los gobiernos elegidos democráticamente, no por organismos independientes —en nuestro caso el Banco Central Europeo (BCE)— que fueron creados para cumplir con objetivos económicos de otra naturaleza.
El objetivo de la intervención fue discutir las dos posiciones actualmente en debate sobre la política de estabilización a seguir en la crisis actual. Tras señalar las diferencias entre la crisis derivada de la pandemia y la de 1973 en que se produjo un largo periodo de crecimiento bajo e inflación elevada (stagflation). Se analizaron los posibles escenarios y se discutieron los factores económicos y sociales que permiten sostener las dos posturas encontradas: la de quienes consideran que la inflación actual debería conducir a la retirada rápida de estímulos monetarios y fiscales, antes de que se haya producido la recuperación total, y la de quienes consideran el actual repunte inflacionista como transitorio y, por tanto, consideran que los estímulos deben irse modulando progresivamente pero manteniéndolos aún como apoyo a la pérdida de rentas y a las dificultades empresariales. La parte final se dedicó a la economía española señalando que los riesgos de consolidación de la inflación son, en estos momentos, reducidos al no haber síntomas de efectos de segunda ronda, pero que la situación es muy lábil y puede cambiar a peor tanto por decisiones de política económica incorrectas como por sucesos que no se encuentran bajo control de los gobiernos nacionales.
Después de señalar el motivo del cambio de tema, se expone el conjunto de las aportaciones que, en esta Institución ubicada en el Valle de los Caídos, se efectuaron por muy importantes economistas, tanto extranjeros como españoles. En la relación que se analiza, destaca, evidentemente, la relevancia que entonces tenían economistas notables italianos, desde Inaudi a Francesco Vito; y, por supuesto, los relacionados con la Escuela de Friburgo de Bisgrovia. Naturalmente, también se alude a los trabajos de economistas españoles recién graduados en Ciencias Económicas, sin olvidar los puntos de vista de sus maestros, como Castañeda o Perpiñá Grau. Dentro de este grupo de economistas jóvenes, destaca el impacto de la naciente escuela de Enrique Fuentes Quintana, sobre los problemas de la estructura fiscal española. Y se subraya de qué manera existió una libertad absoluta para las exposiciones y para la publicación de dichos estudios. El conjunto será expuesto por su importancia y seria erudición, lamentando el profesor Velarde Fuertes, que un Centro de esas características pueda considerarse que no debiera haber existido.
Ningún tratado constitutivo de una organización internacional se refiere de forma tan clara al respeto a los valores -en tanto que condición de ingreso y como obligación permanente durante la membresía- que el Tratado de la Unión Europea. Ese compromiso estaba en su versión inicial de Maastricht (1992) y tras su evolución en las reformas de Ámsterdam en 1998 y de Lisboa de 2009 (art. 2 y 49 TUE).
Como la Unión no es solo un mercado interior y sus competencias y objetivos se proyectan sobre toda la sociedad, el Estado candidato debe ser un Estado democrático que respete antes y durante la pertenencia los valores enunciados en el art. 2 TUE. La democracia esta ligada el principio del Estado de Derecho que se concreta en el art. 19 TUE al exigir a los Estados que garanticen la tutela judicial efectiva. Aunque son muy diversos los reproches jurídicos a Polonia, los que más preocupan han sido los constantes y progresivos atentados al Estado de Derecho acaecidos desde finales de 2015 con la llegada al poder del partido gobernante Ley y Justicia, minando la independencia del poder judicial y del Tribunal constitucional.
Son numerosos y muy detallados los informes de la Comisión Europea desde 2016, también de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, y sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que constatan violaciones graves y sistemáticas a la independencia judicial. Así, la reforma sobre el nombramiento y duración del mandato para controlar por completo el nombramiento del Tribunal Constitucional (10 sobre 15 son del partido gobernante nombrados por el Parlamento con mayoría del Gobierno), del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional del Poder Judicial (23 sobre 25 son del partido gobernante) a fin de domesticarlos y subordinarlos a la política gubernamental. El ejecutivo retiene poder discrecional para extender o no el mandato de los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y de la jurisdicción ordinaria, según convenga. El TJUE ha estimado en varias sentencias que las reformas legislativas polacas son contrarias al valor Estado de Derecho (sentencias del TJUE, 24.6.2019, reducción edad de jubilación e independencia del T.S, as. C-192/18; 5.11.209, C-619/18; 19.11.2019, elección de miembros del Consejo Nacional Poder Judicial, asunto A.K. C-585/18, C-624/18 et C-625/18; 2.3.2021, nombramiento jueces del TS polaco asunto A.B., C-824/18).
Igualmente choca con el Estado de Derecho que los jueces puedan ser nombrados o removidos discrecionalmente por el Ministro de Justicia (que, a su vez, es Fiscal General) permitiendo las destituciones de jueces y fiscales ya nombrados con causas asignadas o nombrando nuevos jueces infringiendo el principio de inamovilidad de los jueces (TJUE, 6.10.2021, asunto W.Z., traslado forzoso de jueces, asunto C-487/19; 16.11.2021, nombramientos y revocaciones de comisiones de servicio, C-748/19 a 754/19).
Los jueces no pueden recurrir en caso de serle rechazadas las promociones y ascensos o destinos de la carrera judicial. Se puede someter a los jueces y tribunales a advertencias y sanciones en caso de solicitar cuestiones prejudiciales (TJUE, 26.3.2020, Miasto Lowicz y otros, C558/18 y C563/18). Las desafiantes nuevas leyes sobre el Tribunal Supremo y la del Consejo Nacional del poder judicial establecen una sala disciplinaria dentro del TS polaco que se forma discrecionalmente en cada caso para sancionar a los jueces sin posibilidades de recurso para los sancionados (15.07.2021, régimen disciplinario de los jueces, asunto C-791/19). De esa jurisprudencia se deduce que el derecho a un juicio justo y la rendición de cuentas ante tribunales independientes no está garantizado en Polonia.
Una decena de leyes polacas han afectado a la estructura del sistema judicial de Polonia en su conjunto y su denominador común ha sido haber “conferido sistemáticamente al poder ejecutivo o al poder legislativo la posibilidad de interferir de forma significativa en la composición, las competencias, la administración y el funcionamiento de estas autoridades y órganos”, como señaló la Comisión en diciembre de 2017 cuando solicitó al Consejo que se constatara un riesgo grave de violación de los valores protegidos por el art. 2 TUE.
El Plan “Next Generation EU” de ayuda financiera masiva tras el Covid-19 conllevó la aprobación del Reglamento 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la UE. Su filosofía es dinero a cambio de Estado de Derecho: permite paralizar el desembolso de fondos cuando se detecten violaciones a la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes que afecten directamente al buen uso del dinero europeo (aplicable a la totalidad de los fondos y presupuesto UE), es decir, cuando las vulneraciones a los valores tengan una suficiente conexión con la gestión del presupuesto UE.
No es una conspiración contra Polonia, no hay activismo judicial europeo sino un ataque de Polonia a los valores de la UE. Las actuaciones legales de Polonia representan, en su conjunto, una estrategia política sistemática de desmantelamiento del Estado de Derecho. No es tanto un problema de primacía, que también, sino de un plan de reversión del sistema democrático la negar la independencia judicial y el derecho de tutela judicial efectiva.
El Estado de Derecho es más que un valor en la UE, es un principio fundamental, cuya concreción jurídica sustantiva es la tutela judicial efectiva e independencia del poder judicial. El Estado de Derecho es el vigía de la democracia. No cabe democracia sin el contrapeso del poder judicial y control constitucional independiente.
La lección versó sobre la presunta crisis de Occidente, que suele subsumirse bajo el nombre de declinism o “decadentismo. Su eludió entrar en su dimensión geopolítica, las posibles manifestaciones de pérdida de hegemonía política del bloque occidental, concentrándose el análisis en la dimensión interna. La reflexión se organizó a partir de tres grandes apartados. El primero se presentó como “el cambio de cronotopo”, la pérdida de la idea de progreso. Luego se concentró en lo que podría denominarse el síndrome de “sociedad estancada”. Y por último se abordó el tema de “la pérdida de identidad de Occidente”, que abundó en la cuestión de hasta qué punto se están poniendo en cuestión nuestros fundamentos normativos y, por tanto, nuestra identidad común como civilización.
El primer bloque, el “cambio de cronotopo” trató de sacar a la luz cómo el régimen general de la modernidad estaba orientado al futuro: el futuro como el horizonte de las posibilidades abiertas, donde lo viejo superado, el pasado, se cambia continuamente por lo nuevo, desde la técnica a la economía o la política, y se subraya la idea de que Occidente cobra su identidad a partir de la idea del futuro como progreso, como recurso de supervivencia y mejoramiento continuo de la situación presente. Esta percepción es la que poco a poco fue dando paso a otra caracterizada por el debilitamiento de la expectativa de futuro salvo la necesidad de defendernos frente a él, y que se manifiesta sobre todo en la perspectiva del cambio climático y las cautelas ante el desarrollo tecnológico.
Junto a ello se percibe, y esto ya se aborda en la segunda parte, cómo los problemas no se resuelven, sino que permanecen estables; tampoco se derrumba la sociedad, es un dulce “más de lo mismo”, todo sigue más o menos igual: Los problemas se enquistan, sobre ellos se debate sin parar, pero la estructura sigue inalterada. A esto le dimos el nombre de síndrome de estancamiento, que no solo hace referencia al estancamiento económico, también al deterioro institucional y al agotamiento cultural e intelectual bajo las condiciones de un elevado grado de prosperidad material y de desarrollo tecnológico. O sea, que podemos ser ricos e innovar tecnológicamente y, a la vez, encontrarnos en decadencia. “Una sociedad puede ser decadente sin estar necesariamente al borde del colapso” (R. Douthat).
Por último, se aborda la cuestión de la posible pérdida de identidad de Occidente. Más preocupante es ya la disputa en torno a nuestros fundamentos normativos. Lo que distinguía a Occidente era su capacidad para ir encauzando los conflictos a partir de todo un conjunto de principios y valores que tenían la virtud de ir integrando su pluralismo interno y su gran diversidad. Hoy seguimos recurriendo a ellos cuando buscamos autodefinirnos: Occidente es todo ese conjunto de principios que están detrás de la tradición de los derechos humanos, el respeto de la autonomía individual y el sistema democrático. Nos definimos a partir de una determinada identidad político-moral, no étnico-sustancial. Si esta identidad comienza a ponerse en cuestión ¿qué es lo que nos unifica, qué nos cohesiona?
La conclusión es que existe, en efecto, una erosión de la cultura política liberal -el pluralismo deviene en tribalismo y el individualismo en identitarismo-, provocando una nueva situación de confusión en torno a las bases normativas de nuestra democracia. Y a este respecto, las nuevas corrientes y actitudes populistas ofrecen un buen ejemplo. La conclusión general a la que se llega es que más que ante una crisis de Occidente propiamente dicha estaríamos ante un proceso de cierto “agotamiento civilizatorio”, ante una fase difícil en el devenir de nuestras sociedades, pero sin que esto impida que pueda recuperar su vigor y una mayor fase de estabilidad.