En los últimos meses han aparecido varias voces muy autorizadas, entre ellas la de algún economistas, como Mark Carney y algunos filósofos, pocos, como Michael Sandel y, entre nosotros, Jesús Conill, llamando la atención sobre el viraje que se ha producido en estos últimos años desde la clásica “economía de mercado” hacia lo que denominan una “sociedad de mercado”, en la que la moneda se convierte en la unidad de todo otro valor. La consecuencia es que todo acaba considerándose objeto de compra y venta. Esto choca contra la idea, ancestral en nuestra cultura, de que hay cosas “inapreciables”, porque su valor no puede medirse en unidades monetarias. Resultado de ello es la distinción clásica de dos tipos de valores, los “instrumentales”, cuya unidad de medida es el dinero, y los “intrínsecos”, clásicamente considerados res extra commercium. ¿Puede comprarse el amor, o la amistad? ¿Debe permitirse la comercialización de los tejidos y órganos del cuerpo humano, o convertir la maternidad subrogada en negocio económico?
La celebración en Lisboa en octubre de 2019 de la reunión anual de la Cuadrilateral de los Tribunales Constitucionales de Portugal, España, Italia y Francia brindó una interesante oportunidad para trasparentar el sustrato antropológico dominante en buena parte de los países europeos.
La primera incursión del Tribunal Constitucional español en cuestiones relacionadas con la genética data de 1996, al ocuparse del recurso de inconstitucionalidad planteado contra la ley de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos; tres años después, resuelve un recurso similar contra la ley de técnicas de reproducción asistida. La principal consecuencia fue la reapertura del debate relativo al artículo 15 de la Constitución, en lo que se refiere al titular del derecho a la vida. Ambas resoluciones aportan novedosos términos jurídicos, como el de embrión “no viable”. Su existencia pasaba a depender de la voluntad de los progenitores, al decidir sobre su transferencia o no a un útero materno. El Tribunal no los considera nascituri, ya que nunca van a nacer. Una investigadora calcula en un 30% el número de los embriones fabricados en la situación. Una resolución posterior1 puso en circulación el ingenioso término “preembrión”, destinado a permitir la manipulación in vitro de los embriones en plazo equivalente al necesitado in utero para la anidación. Más transparente resulta la alusión de la ley a la existencia de “preembriones sobrantes”, que se comenta por sí sola. La consideración de que nada de ello es contrario a la dignidad humana provocó un elocuente voto particular del magistrado Jiménez de Parga.
Al no convertirse la persona, en el centro de gravedad del texto constitucional, minusvalorándose a la vez la relevancia de la dignidad, parece ser el mero individuo el llamado a sustituirla; pero los derechos -desbordando al individuo- cobran sin embargo dimensión objetiva, como “son elementos esenciales de un ordenamiento marco de una convivencia humana justa y pacífica”. A partir del año 2000, se ha reconocido en ocasiones a menores de edad la condición de titulares de derechos humanos.
El predominio de lo individual no ha dejado de influir en la familia y en su relación con el matrimonio. De acuerdo con la antropología individualista, que predomina hoy en la interpretación de la realidad familiar, la indisolubilidad y heterosexualidad del matrimonio han sido pronto aspectos sometidos a revisión. Se produce a la vez una desjuridificación del matrimonio paradójicamente acompañada de una juridificación de las parejas de hecho. El Tribunal acaba admitiendo que el legislador puede posibilitar matrimonios homosexuales. Argumenta que “no todo lo que la Constitución no contempla es necesariamente inconstitucional”; “pero es claro que lo será lo que prive de todo sentido a lo que sí contempla”, apunté en mi voto particular.
Valga como conclusión que el predominio de una antropología individualista ha puesto a su servicio el espectacular desarrollo de la biotecnología, aunque a costa de mutilar la herencia de la Modernidad. Muy lejos del intento kantiano, la audacia científica ha atropellado al imperativo categórico, convirtiendo al ser humano en sus primeros estadios de desarrollo en mero instrumento de los más variados deseos esgrimidos como derechos. Sin minusvalorar los puntuales progresos que de ello hayan podido derivar para el trato de la mujer y de los menores, no queda duda de que la familia natural -motejada como tradicional- está siendo la gran sacrificada.
En esta ponencia se aborda la cuestión, grave y de rigurosa actualidad, del dilema Monarquía o República como futuro inmediato de la forma de Gobierno en España. A tal efecto propone dos elementos de análisis: el estudio de lo sucedido realmente en la Segunda República y la comparación entre las situaciones en 1931 y 2021.
Se sostiene la tesis de que, en contra de lo que suele entenderse, el verdadero dilema no era el de Monarquía o República sino el de Revolución o Antirrevolución porque el verdadero objetivo de los pretendidos republicanos no era establecer la República sino implantar la Revolución fuera burguesa o proletaria. Y por lo mismo, los pretendidos insurgentes no se levantaron contra la República sino contra la Revolución.
En 2021 ¿qué pretenden de veras los republicanos? ¿qué hay detrás de sus reclamaciones? Las intenciones de los independentistas son claras. Mientras que la mayoría se declaran antisistema, es decir, que pretenden sustituir el sistema capitalista actualmente vigente por otro revolucionario que no está precisado.
En la Ponencia se sostiene que la contraposición entre República y Monarquía no se logra de diferencias políticas, constitucionales o administrativas sino en los valores que representan una y otra forma de gobierno.
Mi propósito es evocar las principales vicisitudes biográficas y la impronta de Valentín Andrés Álvarez, académico que fue de esta corporación durante tres decenios, entre 1952 y 1982. Para ello, primero distingo las etapas de su itinerario vital y luego aporto algunas notas sobre su estilo de ser y estar. Son estas últimas las que se ofrecen a continuación, a modo de resumen.
Cinco rasgos de un muy definido estilo personal es lo que mi memoria mejor retiene del hombre que tuve cerca no pocas veces en los últimos diez años de su vida. Un hombre que entraba entonces en la senectud —el periodo que sigue a la madurez, según definición académica—, en una ancianidad que trasmitía, más aún que serena aceptación de lo que el paso del tiempo impusiera, agradecimiento por lo vivido y por lo que restara de vivir. Gozosa ancianidad: se envejece como se vive.
He aquí algunos rasgos de su estilo personal. Ante todo, la pulcritud, esa forma superior de la elegancia. Esmerado en el gesto y en el habla, se movía con la misma cuidada naturalidad donde la formalidad era exigible que cuando se imponía lo informal. Su apostura no se basaba en talla o parecido corporal, sino en actitud, en la distinción de maneras y gustos. Hasta fumar —y siempre lo hizo con envidiable delectación— se convertía en una prueba de pulcritud que casi trascendía lo físico.
La discreción era igualmente un marcado rasgo suyo. La discreción como cualidad ética y también estética. Valentín Andrés Álvarez rehuyó siempre protagonismos innecesarios, sin alardear de sus muchos saberes. Conversador casi vocacional —“lo que más le gustaba era conversar”, se ha dejado escrito con acierto—, poseía el don —ya se ha dicho— de saber escuchar, con ademán abierto y comprensivo. Mereciéndose en distintos foros un puesto preeminente, prefería optar por compartirlo o restarle relieve.
Quizá eso estaba relacionado con el huir de posiciones extremas. No se dejó arrebatar Valentín Andrés Álvarez por la tensa polarización de opiniones y actitudes tan frecuente en la vida intelectual y política del tiempo que le tocó vivir. Liberal en sus convicciones y en su conducta, no hizo de ello una militancia ostentosa. Hombre de concordia, políticamente sería encuadrable en lo que se ha dado en llamar “Tercera España”, la que rehúye el frentismo. Y como economista, a su eclecticismo doctrinal le cuadra bien el título de la obra que recoge algunos de sus trabajos dispersos: Liberalismo económico y reformismo social.
Nunca tenía prisa o conseguía disimularla, y este era otro signo distintivo. En sus años tardíos resultaba muy aparente, pero toda su obra, la literaria y la científica, sugiere un modo de trabajar ajeno a la compulsividad, a la inmediatez, retomando con mucha frecuencia pasajes y textos anteriores para ofrecerlos más depurados, mejor acabados. Escribía como hablaba: pausadamente, con argumentación bien trenzada, puliendo la expresión y con una caligrafía diáfana. Por eso sus páginas tienen mucho de “artesanía intelectual”, en el elevado sentido que diera a esta expresión Wright Mills. No tuvo prisa para nada en su vida: ni para cerrar la etapa de formación universitaria, ni para profesionalizarse, ni para publicar, ni tampoco —déjeseme decirlo— para formar una familia. Su vitalismo era un vitalismo templado por ese no apresurarse.
Y todavía un último componente del todo característico de obra y autor: el humor. Ese que comienza por “reírse uno de sí mismo” (“humor asturiano”, tal como él mismo lo definió). Humor agudo sin llegar a la socarronería, nutrido de la sabia ironía que no agrede y, a la vez, evita cualquier atisbo de engolamiento. Toda la obra literaria y ensayista de Valentín Andrés Álvarez encuentra en ese sentido del humor el tono dominante, un elemento identificativo básico. Y en su conversación mantenía igualmente tal pauta, buscando el hallazgo ingenioso o la paradoja desconcertante, muy al gusto ramoniano.
Inició su exposición con una serie de apreciaciones literarias, inclu-yendo a Boccacio y El Decameron, Camús y La Peste, así como Her-mann Hesse, con su obra Narciso y Goldmundo, que ubica en el siglo XIV, cuando más duro era el virus bubónico. Subrayando que la pan-demia se presentó súbitamente, con un origen claramente chino de la zona de Wuhan, con toda una serie de posibilidades pendientes de investigación.
Inicialmente, durante el confinamiento que empezó el 14 de octubre por la declaración del estado de alarma, se produjo un aumento im-portante del ahorro familiar y de las empresas, como cautela ante situaciones peores de pérdida del trabajo, o de necesidades perentorias de liquidez.
Frente a la pandemia, Francia creó un comité de sabios, e Italia designó un importante industrial para realizar un informe bajo su dirección, con destino a la Presidencia de la República.
En el caso de España, en el Congreso de los Diputados se constituyó una Comisión para la Reconstrucción Nacional. Presidida por Patxi Lopez, no se aceptaron muchas iniciativas de presentar fórmulas ante los diputados desde el exterior, entre ellos la propia del ponente de hoy en la Academia.
No obstante, de la remisión que se hizo del inicio de esta ponencia al Congreso, que consta en la web del mismo, se conservan las recomen-daciones que se hicieron sobre el escenario macro, presupuestos cuatrienales, y asimismo una estimación de la caída del PIB en un 11,8 por 100 para 2020.
Posteriormente, el ponente expuso los cuatro capítulos de efectos y políticas:
La ponencia incluye las recomendaciones básicas, que en el campo de la sanidad son:
Además de esas recomendaciones sanitarias, se incluyen en la ponencia algunas de carácter económico-social más general.
Por último, se incluyen algunas recomendaciones también económicas más concretas, sobre todo en el área de la fiscalidad:
Siguieron las preguntas de los Académicos Juan Velarde, Pedro Schwartz y Helio Carpintero, a las que el ponente dio sus correspondientes respuestas.
El Académico Juan-Miguel Villar Mir expuso el pasado 24 de noviembre en esta Real Academia una presentación llamada “El impacto en la sociedad de la era digital”, que se estructuraba en los siguientes puntos:
Terminó la conferencia:
“Recomendando a los excelentísimos compañeros de la Academia que todos dediquemos atención y tiempo a la gran pregunta del impacto ético y moral que estas nuevas tecnologías basadas en la Inteligencia Artificial podrían tener sobre nuestra forma de vida”.
Aunque los actos justos o injustos los cometen siempre personas sí que es posible hablar de instituciones sociales que fomenten situaciones injustas. Esta ponencia estudia cuatro teorías de la justicia social entre las que elegir para conseguir una sociedad más justa y las personifica.
Las tres primeras buscan crear sociedades igualitarias. Su atractivo nace de que incluyen un gran elemento de envidia – un vicio muy arraigado en la naturaleza humana. El único sistema social que transforma el plomo de la envidia en el oro de la emulación es la sociedad mercantil, el cuarto de los sistemas de esta lista. Fue David Hume el que en 1740 definió las tres reglas necesarias para que el capitalismo mercantil consiguiera crear “la paz y la seguridad de la sociedad humana”: “la estabilidad de la posesión, su transferencia por consentimiento, y el cumplimiento de las promesas”.
Que el mercado competitivo asigna recursos eficientemente es aducido frecuentemente para justificar un reducido papel para el Sector público. Sin embargo, pocas veces se reconoce la frecuencia con que se incumplen los supuestos que garantizan tal propiedad, ni se repara en que el concepto de eficiencia utilizado es compatible con elevados niveles de desigualdad.
Por el contrario, los abundantes fallos de mercado sugieren un mayor papel para el Estado. También lo sugieren así sus importantes responsabilidades: educación, sanidad, seguridad, las infraestructuras, la regulación laboral, la mejora de la competitividad. Parece evidente que el primer papel del sector público deba ser ocuparse de que ningún ciudadano se vea privado del acceso a la sanidad, educación, o al disfrute de bienes públicos de calidad, por razón de renta, género, edad, o raza.
Pero, incluso esta concepción más amplia del Estado se está desbordando en los momentos de crisis que, lamentablemente, nos está tocando vivir en este primer cuarto del siglo XXI.
El progreso futuro requerirá una amplia colaboración público-privada, que permita decisivos avances en innovación, y una ansiada reforma de la Administración, que pase a estar definitivamente al servicio de los ciudadanos, y no de los partidos políticos y los lobbies. Tal reforma pasaría por la profesionalización de los directivos públicos, operando en agencias independientes del poder político y el estricto cumplimiento del trinomio: transparencia, evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas por parte de los responsables de la gestión publica.
Imposible lograrlo sin acabar con la crispación política, y sin la aceptación del consenso, la colaboración y el compromiso como elementos de transformación. Solo así podría lograrse un verdadero sentimiento de comunidad nacional, base para el progreso futuro del país.
En este trabajo analizaré algunos aspectos relacionados con la evidencia empírica de la desigualdad y de la igualdad de oportunidades. Dentro de la dificultad de encontrar una definición de igualdad de oportunidades que pueda ser utilizada en la práctica, prestaré especial atención a una de las dimensiones más observables de la igualdad de oportunidades, que es la de la movilidad social. Resaltaré la importancia que tiene utilizar en los análisis empíricos la información derivada de los registros públicos.
A continuación, y desde este planteamiento, me referiré al notorio problema de la brecha de género. Se entiende por brecha de género la diferencia entre una métrica —o indicador— masculina y una femenina correspondiente a una determinada actividad relacionada con su bienestar y desarrollo humano. Puede entonces hacer referencia, entre otras, a una actividad relacionada con la salud, la educación, la economía y la política. Aquí me centraré, básicamente, en la brecha salarial de género. En el transcurso de la exposición analizaré las causas de tal tipo de brechas, así como alguna de las medidas generalmente aceptadas para su cierre.
Terminaré tratando con más detenimiento aquella que más se ha generalizado en los países desarrollados, que es la imposición de cuotas. Haré especial referencia a los resultados obtenidos al aplicarse a los consejos de administración de las empresas.